Economía verde y globalización neoliberal

Muchos de los actuales debates destacan que la “economía verde” no es más que otra nueva forma que estarán empleando los países desarrollados para imponer a los subdesarrollados una política que perpetuará la pobreza.

 

Gladys Hernández

 


Economía Verde “Transparencia y responsabilidad “


La evolución de la civilización humana y el desarrollo económico no han incluido, de forma integrada y sostenible, la atención a los componentes y las funciones del patrimonio natural y social, la base esencial de la supervivencia de la humanidad. Estos análisis integrados tampoco aparecen en la “nueva” respuesta institucional que el sistema trata de impulsar a partir de la conocida iniciativa para la “economía verde”. Ausentes están nuevamente los costos ambientales y sociales. De nuevo tales análisis son tratados como externalidades.


Simultáneamente, no aparecen definidas con transparencia y claridad los montos “reales” de financiamiento que se necesitarían para acometer tales propuestas, ni el grado de responsabilidad que deben asumir los distintos grupos de países para que pueda avanzarse en esta iniciativa.


En marzo de 2009, seis meses después de que cayera el cuarto banco de inversión de EEUU, el Lehman Brothers, y diera inicio la crisis global actual, la ONU publicó su informe “Global Green New Deal (GGND)”. Coordinada por el PNUMA, esta iniciativa de las Naciones Unidas propone desarrollar la economía verde.


El GGND marcó el inicio de las propuestas oficiales, en el marco de la política global, para el “enverdecimiento” de la economía y constituye una propuesta que pretende contribuir a la solución de la crisis influyendo desde tres puntos de vista:


a) Contribuir a la reactivación de la economía y a la protección de los grupos vulnerables,
b) Promover el desarrollo sostenible e incluyente y el logro de los ODM,
c) Y reducir la dependencia del carbono y la degradación de los ecosistemas.


Para ello, y en opinión del PNUMA, todas las medidas se resumen en una: orientar la inversión hacia una economía verde.


Es necesario destacar que el concepto de “economía verde” todavía no alcanza  un amplio consenso, ya sea entre economistas o ecologistas o en la arena internacional. Resulta un concepto extremadamente complejo y no debe esperarse que, en el corto plazo, se logre un pleno consenso internacional sobre su significado, su empleo, utilidad e implicaciones políticas que conlleva.

Aún y cuando la “economía verde” parece referirse a una economía respetuosa del medio ambiente, empeñada en conservar los recursos naturales, así como en minimizar la contaminación y las emisiones nocivas para el medio ambiente, generadora de productos que no dañen al medio ambiente, lo cierto es que resulta cuestionable la forma en que se pretende aplicar.


Consideraciones acerca de la mercantilización del medio ambiente


Desde que se inició la crisis económica en 2008, de forma notable, expresiones tales como la “economía verde” o los “empleos verdes”, han pasado a formar parte del discurso político reinante, en un amplio círculo que ha pasado a incluir a voceros que no siempre se han identificado con otros que siempre han defendido al medio ambiente.


El surgimiento de esta tendencia se sustenta en diversas causas. Se destaca la incapacidad del sistema económico capitalista dominante, agudizada por la profundidad de la crisis multisistémica que enfrenta hoy la humanidad, dentro de la cual, las contradicciones presentes entre el consumo irracional de la sociedad y la insostenible degradación de la base de recursos naturales que mantienen la vida, solo contribuyen al incremento de desigualdades sociales y amenazan con el futuro de la especie humana.


No es de extrañar que se haya producido el reconocimiento objetivo sobre la necesidad de fomentar políticas que garanticen la erradicación de la pobreza y el logro de un desarrollo sostenible. Aunque, asumiendo el contexto actual de la economía mundial, también esta nueva tendencia hacia la “economía verde” está apuntando que las fuerzas del mercado han descubierto nuevas oportunidad de negocio, que se tornan cada vez más evidentes en la creciente demanda de servicios y productos “verdes”.


Sin embargo, en opinión del PNUMA, la economía verde es aquella que “mejora el bienestar del ser humano, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”, es decir, una economía que debe utilizar los recursos de forma eficiente y socialmente incluyente. Según este organismo, “el camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar, y donde sea necesario, reconstruir el capital natural como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos, especialmente para las personas desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de la naturaleza”. Bajo esta perspectiva, el “enverdecimiento” de la economía sería un paso indispensable para lograr el desarrollo sostenible.


Resulta bastante utópico el pensar que la “economía verde“ dará solución a los desequilibrios que el sistema ha generado en la distribución del ingreso a escala global. En más de una ocasión el propio PNUMA ha declarado que son más de 1300 millones de personas las que poseen unos ingresos tan bajos que no les permite, ni a ellos ni a sus familiares, superar el umbral de la pobreza. Y esta situación afecta a más del 43% de la fuerza de trabajo mundial.


Simultáneamente, hoy existen 190 millones de desempleados en todo el mundo, y se prevé que esta cifra aumente ya que se calcula que habrá más de 500 millones adicionales de jóvenes sin empleo para los 10 próximos años.


La primera pregunta a contestar consiste en conocer si para alcanzar “economía verde” deberán desviarse otros recursos y limitarse otros aspectos, entre los que se encontrarían el crecimiento económico de los países subdesarrollados, especialmente los más pobres o los escasos fondos destinados al desarrollo social, afectando los actuales programas de erradicación de la pobreza y creación de empleos. Este tema se torna especialmente controvertido en momentos en que los flujos financieros internacionales se ven reducidos por las tendencias de la crisis global.

Otro argumento centra la atención en cómo deberían combinarse los aspectos económicos sociales y medioambientales en las diferentes etapas de desarrollo de tal propuesta. No hay una concepción determinada para la realización del proceso y más bien se vuelven a dejar las propuestas en manos de la inversión y su paladín: el mercado.

A la pregunta lógica acerca del papel del estado y la regulación en esta propuesta, solo responde la máxima de que el mercado es capaz de auto regularse y por tanto, los excesos en este proceso no existirán. Sin embargo, los tiempos que corren parecen emitir otras señales. Las políticas económicas aplicadas en los países desarrollados continúan incrementando los impactos negativos en la economía global, llevando al mundo a una crisis mundial que probablemente supere a las anteriores en la historia de la humanidad.

Las políticas acerca del desarrollo económico sostenible, deben ser revaluadas como la capacidad de decidir sobre todos los factores y elementos que conforman el proceso de desarrollo endógeno. Resulta indispensable en este sentido reconquistar la verdadera soberanía nacional sobre los recursos naturales y sobre las políticas a desarrollar en cada país, más acordes a las necesidades nacionales. En este contexto, el papel de los estados se torna esencial. Especialmente si ha de promoverse una transición hacia una economía más ecológica, en el entendido que lo que hay que transformar es la esencia que ha provocado las deformaciones estructurales actuales.

Asimismo, el tema de la “economía verde” debería adecuarse a un contexto, en este caso, al marco internacional en el que está siendo tratada. Este contexto es el de la conferencia Río+20, cuyo antecedente histórico es la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en Brasil en 1992. En este sentido, la “economía verde” no es un concepto puramente académico. Debe basar su esencia en el espíritu, los objetivos, los principios y el funcionamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), y, fundamentalmente, en los Principios de Río y de la Agenda 21.

Todos los acuerdos adoptados por la CNUMAD de 1992 (incluidos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, etc.) y los procesos de seguimiento tienen como objetivo esencial integrar al medio ambiente y al desarrollo en un contexto único. El marco de la CNUMAD reconoce e incorpora los aspectos importantes en este contexto:

•   Reconoce la existencia de una crisis ambiental y la necesidad de realizar reformas profundas en los modelos de producción y consumo. Reconoce igualmente el principio de sostenibilidad. Adicionalmente, reconoce el principio de precautorio.
•    Simultáneamente reconoce el “derecho al desarrollo” y las demandas y prioridades que emanan del crecimiento económico en los países subdesarrollados, así como los objetivos esenciales de desarrollo social tales como la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, etc.
•    Estos elementos fundamentan el reconocimiento internacional de la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social como los tres pilares del “desarrollo sostenible”.
•    Adicionalmente se reconocieron la necesidad de adoptar tanto medidas nacionales, como internacionales que generen la comprensión de los problemas y que aporten soluciones, reconociendo que las medidas tomadas a nivel nacional en los países en desarrollo deben gozar del apoyo de las políticas y de las acciones internacionales para que pueda lograrse el desarrollo sostenible.
•   En este contexto, también se reconoce que los países han desempeñado papeles diferentes en la crisis medioambiental y que los países se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, lo que debe conducir a una serie de principios clave con importantes implicaciones, tanto en las medidas adoptadas como en el marco de cooperación internacional.

Todos estos acuerdos permiten a su vez la aceptación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La CNUMAD reconoció que los países desarrollados son responsables de la mayor parte de la contaminación (y particularmente de los gases de efecto invernadero) y del agotamiento de los recursos naturales y que los países subdesarrollados se encuentran actualmente en desventaja lo cual tiene notables implicaciones para el desarrollo futuro.

En este contexto el concepto de “economía verde” debe situarse íntegramente en el marco de la CNUMAD, los Principios de Río y la Agenda 21. La “economía verde” debe descansar sobre tres principios: las demandas del medioambiente, las demandas del desarrollo (tanto en su dimensión económica como social) y el principio de equidad. Los objetivos, los principios, las medidas, las propuestas o las iniciativas relativas a la “economía verde” deberían integrarse en el marco y en los criterios de la ecuación medio ambiente-desarrollo-equidad.
 

Estrategias de desarrollo y modelos económicos alternativos

 

La iniciativa trae implícita la necesidad de promover los empleos verdes, que según el PNUMA, son aquellos empleos capaces de proteger y restaurar la naturaleza, que marcan el aumento en la eficiencia energética y el ahorro de recursos, con una disminución de contaminantes y residuos. Son aquellos empleos que contribuyen a la reducción de la huella ecológica, y que pueden desarrollarse en la mayoría de los sectores productivos.

Hay una serie de elementos sumamente contradictorios que sustentan las reservas y críticas que a escala global ha recibido esta Iniciativa. Si bien ya se observan, ideas o políticas para promover la “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible, por otra parte, poco se habla de las ideas o políticas que se deben evitar ya que no se corresponden con el marco descrito con anterioridad.


Algunos aspectos interesantes sobre la iniciativa acerca de la “economía verde” son:

a)  Reconoce los valores económico y social del medio ambiente. Es decir, que, aparte de su valor ambiental intrínseco, la preservación de los recursos tales como el aire limpio, el agua, los bosques, los manglares, etc. tiene repercusiones positivas, de gran valor, para cubrir las necesidades humanas básicas. En este contexto asume la preservación que debería ser fomentada, así como la rehabilitación o el reabastecimiento de los recursos naturales. En este sentido sigue siendo indispensable que se mantenga el apoyo internacional a los países subdesarrollados para que puedan dar solución a los desequilibrios económicos y promover el uso sostenible de los recursos.

b)  Promueve políticas de precios que reflejen mejor los valores ambientales, sin olvidar por tanto la dimensión de desarrollo, para garantizar a las personas, y especialmente a las poblaciones pobres, el acceso a los servicios básicos y a oportunidades para ganarse la vida.

c) Reconoce y promueve la relación entre los pequeños productores y las comunidades, especialmente en las áreas rurales, y el medio ambiente, así como la adopción de políticas para garantizar que los recursos naturales que constituyen su medio de sustento y los servicios básicos de los que disponen (agua, alimentación, vivienda) no se vean ni afectados, ni resulten agotados, sino que resulten rehabilitados y mejorados (el suelo, la tierra, los bosques, los manglares, etc.)

Sin embargo, no existen hoy los mecanismos que garanticen un financiamiento estable por parte de los países desarrollados al mundo subdesarrollado para poder asumir estas políticas. Los diferentes mecanismos a través de los programas de Asistencia Oficial para el Desarrollo, ya no se corresponden con las demandas generadas por las políticas neoliberales en las últimas tres décadas y por los impactos de la crisis global.

Aunque sea enorme la necesidad de recursos financieros, así como crucial la transferencia de tecnología; las presiones financieras internacionales y las tendencias actuales en los mercados financieros están desviando una buena parte de los flujos a la especulación en los productos básicos, lo cual alejará considerablemente la inversión en los programas de desarrollo integral que puedan diseñarse. Con la notable excepción de aquellos proyectos que se inscriban en los intereses del capital.

Adicionalmente, se corre el riesgo de que la promoción del concepto de “economía verde” fundamente el desarrollo de estrategias de desarrollo y modelos económicos alternativos negativos.

El proceso de Río+20 debe luchar contra el riesgo que implica la conversión de la “economía verde” en una política unidimensional, ajena al marco del desarrollo sostenible, al que se supone debe estar vinculada estrechamente. También debería evitarse su promoción como un objetivo puramente “medioambiental” (sin tomar en cuenta las dimensiones económica y social) y con total desprecio de la dimensión internacional, especialmente por los impactos negativos que pudieran tener para el Tercer Mundo.

Desde otro punto de vista, este proceso no debe analizarse, como una de las tantas recetas del FMI o el Banco Mundial, cuya generalización salta por los aires las especificidades de las economías a las cuales se aplican. Tal enfoque, puede dañar considerablemente la ecuación medio ambiente-desarrollo-equidad. Cada política por aplicar debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo que ostenta cada país, así como las condiciones específicas en relación a los recursos naturales que posee y el grado de afectación experimentado ya por dichos recursos.

No debe pasarse por alto el hecho de que los procesos inherentes a la globalización pueden provocar que la “economía verde” sea aplicada incorrectamente por determinados países al incrementar las políticas comerciales proteccionistas. Este tema puede resultar particularmente peligroso si los países desarrollados reconocen en esta iniciativa una nueva oportunidad para negar el acceso a sus mercados a los productos provenientes de los países subdesarrollados.

En este contexto se pueden inscribir medidas tales como el “impuesto sobre el carbono” o “el impuesto de ajuste en la frontera” que se aplicarían a los productos importados con el argumento de que durante el proceso de producción se ha generado más carbono que los productos del país importador.

De igual forma, como en otras ocasiones, tal proceder tiende a penalizar las exportaciones de los países subdesarrollados que, o bien no cuentan con los recursos financieros necesarios para adquirir tecnologías que generen bajas emisiones, o técnicamente les está negado el acceso a las mismas. Adicionalmente, podría esperarse la adopción de normas ambientales para los productos, con las cuales, los países subdesarrollados que no fueran capaces de respetar estas normas no podrían exportar a los mercados en los países desarrollados

Es evidente que tal proceder constituye una violación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ya que el tratamiento de estos temas debería consistir en crear las capacidades, proporcionar a los países subdesarrollados el financiamiento y la tecnología necesarios para poder hacer sus producciones más sostenibles.

Financiamiento para el desarrollo

 

En primer lugar, el GGND destaca que se necesitará un financiamiento anual para enverdecer la economía mundial en torno a los 1,05 – 2,59 billones de dólares, o sea, menos de la décima parte de la inversión mundial anual.


En este sentido, resulta muy difícil prever cual puede ser la magnitud real de recursos que podrían estar disponibles en los países desarrollados para estas políticas, especialmente cuando los intereses nacionales de estos países en la actualidad se centran en resolver los desequilibrios internos que afectan a sus economías. Tal es el caso de EEUU, que desde el 2008 a la fecha ha invertido más de 10 billones USD en paquetes financieros anti-crisis.


Muchos de los actuales debates destacan que la “economía verde” no es más que otra nueva forma que estarán empleando los países desarrollados para imponer a los subdesarrollados una política que perpetuará la pobreza.

A pesar de la constante negativa de sus promotores, lo cierto es que no se puede evitar presuponer que los países desarrollados encuentren en la “economía verde” una nueva fuente para la concesión de préstamos, aplicando las ya conocidas condicionalidades a las ayudas, préstamos, la reprogramación de deudas o el alivio de éstas.

Ello podría generar un importante desequilibrio en torno a los procesos inversionistas nacionales, ya que los países subdesarrollados pudieran dar prioridad a la adopción de medidas ambientales unidimensionales, en lugar de promover políticas que persigan lograr objetivos de equidad, de desarrollo económico y de sostenibilidad ambiental, simultáneamente.

Además, muchas veces el financiamiento prometido por el Norte industrializado no cumple con las condición de ser recursos nuevos y adicionales.

El mandato de Cancún estableció la promoción de  financiamiento rápido (Fast Start) para enfrentar proyectos relacionados con la mitigación y la adaptación al Cambio Climático. Hoy los países subdesarrollados se encuentran muy decepcionados en relación a este proceso. Muchos  informes de instituciones no oficiales han destacado que la mayoría de este financiamiento rápido (fast start) no es financiamiento nuevo, sino financiamiento reciclado de ayuda para el desarrollo ya comprometido, de otros proyectos que ya estaban siendo financiados para sectores como la agricultura o la infraestructura y que ahora tienen el nombre de financiamiento rápido (fast start) para el Cambio Climático. Sin embargo, los 30 mil millones de dólares comprometidos no han sido entregados a los países subdesarrollados como ayuda nueva.

 

El 24 de septiembre del 2009, el PNUMA publicó una actualización sobre la evolución de la propuesta sobre economía verce. En esa ocasión se conoció que las economías de China y la República de Corea se habían convertido en los líderes globales en cuanto a sus compromisos de inversión en proyectos medioambientales, a partir de sus propios paquetes de financiamiento aprobados.  

 

Esta actualización reveló que en el caso de China, más de un tercio de los gastos se encontraba dirigido a proyectos de infraestructura ferroviaria, manejo del recurso agua, eficiencia energética y energías renovables, fundamentalmente eólica y solar. En el caso de Corea del Sur, las metas eran incluso mayores, ya que se había propuesto destinar el 80% de su paquete de estímulo, cerca de 31 mil millones USD, al desarrollo de la eficiencia energética en las construcciones, el manejo del agua y los desechos, así como a inversiones en áreas tales como: energías renovables, vehículos de emisiones bajas y las vías férreas.

Bibliografía

Conferencia de Prensa del Estado Plurinacional de Bolivia (2011) Sesiones Previas a la COP17 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bonn, Alemania. 7 de Junio 2011. rubenstefani2001.blogspot.com/2011/06/conferencia-de-prensa-bosques-derechos.html

Fondo verde para el clima. (2011) Instrucciones para el próximo período de sesiones (Bonn, 6 a 17 de junio de 2011) http://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/clima%20base/!0_temaclima.htm

Global Green New Deal (2008)

UNEP (2009) UNEP  Publishes Global Green New Deal Update


Fuente  Temas de la Economía Mundial  Publicado 19/03/2011

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